Cuatro años sin publicaciones. Un llamado a silencio casi protector. Pero esta nota de hoy, no la queríamos dejar pasar, porque un cambio como el promovido, se impone.
El original, aquí: https://www.pagina12.com.ar/193434-sobre-eliminar-la-justicia
Sobre
“eliminar” la Justicia Por
Mempo Giardinelli
Quienes
sostenemos la necesidad de cambiar la Constitución Nacional tenemos, entre
otros argumentos, la convicción de que no sólo la historia constitucional
argentina contemporánea es escandalosa, sino que el estado terminal del hasta
ahora llamado Poder Judicial se vincula a ella. De donde cambiar una, implicará
necesariamente cambiar la otra. Desde que la Constitución de 1949 fue anulada
violentamente en 1956 mediante lo que un gobierno de facto llamó “bando
revolucionario”, y el constitucionalismo argentino empezó a derrapar, también
el servicio de justicia se fue degradando al punto de que hoy, en los hechos y
para millones de conciudadan@s, el Poder Judicial es más un feudo corporativo y
un arma de sometimiento que un sistema republicano de impartición de Justicia.
Así,
desde hace décadas –pero sobre todo en los últimos tres años y medio– vemos
cómo la presión política, la corrupción corporativa y el autoritarismo son
norma judicial en todas las provincias y casi todos los fueros, y con
poquísimas excepciones. Hoy ya no asombra, ni muchos menos espanta, que un
presidente de la república, un ministro de Justicia y un miembro del Consejo de
la Magistratura operen abiertamente para destituir jueces federales; ni que se
presione a cámaras de alzada para quitarle causas a otro juez; ni que un fiscal
cuestionado pero “protegido”; por sus pares eluda groseramente testimoniar ante
un juez que lo cita varias veces; ni que los mal llamados “servicios de
inteligencia” operen, chantajeen y atemoricen como es público y tan notorio
como un hato de gorilas golpeándose el pecho en la cancha de Boca.
Pero
es notable que, si ante tantas evidencias uno cuestiona que la Justicia muestra
comportamientos mafiosos tolerados, y va y dice que ese Poder Judicial ha
devenido en un sistema arbitrario y clasista, entre aristocrático y
barrabravista, lento, caro y patriarcal, racista y arbitrario, y convertido de
hecho en un sistema de poder político temible y para algunos hasta aterrador,
entonces los sostenedores y beneficiarios de ese Poder salen con los tacones de
punta. Y la sola denuncia mediática y la propuesta de terminar con ese sistema
desatan furibundos ataques mediáticos para tergiversar las argumentaciones e
impedir que se razone.
Esto
ha llevado a lo que ya señaló esta columna: que la ajuricidad es el principal
hecho maldito de la Argentina actual. Y cuando eso sucede, cuando ya no hay
justicia, sólo quedan dos caminos: o la Ley de la Selva, o un cambio profundo y
radical para dotar a la república de un nuevo Sistema de Justicia.
Que
es perfectamente posible, además de deseable, necesario y urgente, y para lo
cual el primer paso es –cabe la insistencia frente al silencio corporativo–
declarar en comisión a las estructuras superiores del Poder Judicial, es decir
a la judicatura completa, o sea a todos los jueces y fiscales. Y organizar
rápidamente concursos académicos de antecedentes y oposición, con asistencia de
juristas probos, nacionales e internacionales –que los hay– para tomarles
exámenes de competencia jurídica y ética, y así recomponer el sistema con una
nueva magistratura democrática y verdaderamente independiente. Y asegurarlo y
ratificarlo todo después mediante vías plebiscitarias o referendums.
Esto
fue condenado por uno de los escribas más tenaces e hiperconservadores de los
mentimedios argentinos –quien calificó esta propuesta de “idea trasnochada”– y
así avaló y acompañó al ministro Garavano y sus milicias de trolls anonimizados
en la distorsión de estas argumentaciones. Que luego fueron maliciosamente
repetidas a coro por una docena de “famosos” del cholulaje televisivo oficial.
De donde resulta claro que por eso mismo estas ideas deben ser reiteradas para
hacer docencia cívica, y ése es el sentido de esta nota.
No
hay mejor modo de despolitizar, democratizar y limpiar la administración de
Justicia que terminar con la dictadura corporativa. Para ello, la propuesta del
Manifiesto Argentino se completa con la idea de que para garantizar una buena
administración de justicia para el pueblo argentino lo primero es eliminar –sí,
eliminar en su primera acepción de “quitar, separar, prescindir”– a un Poder
Judicial concebido romántica y clasistamente para el Siglo 19 pero que hoy se
ha pervertido y garantiza cualquier cosa menos Justicia. Y reemplazarlo de
inmediato con un Sistema Judicial cuya independencia política y su autonomía
frente al Poder Ejecutivo y Legislativo estén resguardadas por una nueva Corte
Suprema integrada por entre 9 y 19 jueces, elegidos y/o refrendados por
votación popular, con diez años de mandato, sin posibilidad de reelección en
sus cargos y pagando impuestos como toda la ciudadanía.
También
por todo esto el MA sostiene, desde hace años, la necesidad y urgencia de una
nueva Constitución Nacional, que deberá ser sabia, precisa, clara e
hiperdemocrática para habilitar y fortalecer una democracia participativa y no
exclusivamente representativa como hasta ahora.
